LOS MOTIVOS PARA PROTESTAR EN EL ESTADO

Por: Alba Calderón

¿Tienen los tapados alguna razón?

No es fácil la decisión que César tomó, rechazar la oferta de conseguir dinero en medio de una crisis económica que a nadie perdona, se ha quedado grabado en la cabeza del joven, en ratos con cierto dejo de orgullo, y en otros con cierto toque de arrepentimiento.
“Me ofrecieron 200 pesos por cada wey que llevará al plantón del lunes”, confiesa el regiomontano, quien luego explica los motivos por los que optó no aceptar la proposición.
“Sí son los zetas” revela como entusiasmado por poseer una verdad que le consta mucho antes de que la anunciara el gobernador, luego explica que su amigo “el que trabaja para los de la letra”, le contó que se tenía un presupuesto de hasta 500 pesos por persona, lo cual es aprovechado por los jóvenes organizadores de las protestas, quienes sólo entregan 300 pesos a cada manifestante.
“Yo la neta ahorita no quiero broncas”, comentó César, quien también sabe que muchos de sus conocidos ya las tienen, por lo que no tendrán ningún inconveniente con hacer dinero fácil y rápido, una condición que en casi ninguna empresa, ni gobierno en Nuevo León se les ofrece.

¿Quién cubre a “los tapados” en Nuevo León?

Las protestas que en Febrero del 2009, se realizaron en las principales arterias de Monterrey, como Fidel Velazquez, Constitución y Zaragoza, han sembrado el enojo y el repudio de los ciudadanos hacía éstos manifestantes, que se presumen colonos de zonas como la Independencia, la Niño Artillero, la Sierra Ventana, entre otras, y que exigen el cese de la intervención militar para combatir al crimen organizado.
Los “tapados” tienen voz, y denuncian en sus cárteles allanamientos, así como maltrato por parte de las fuerzas federales y militares, quienes aseguran que suben a las empinadas calles de la colonia Independencia, para registrar sus casas indiscriminadamente con el pretexto de encontrar drogas o indicios de ilegalidad en ellas.
Aunque estas protestas denuncian un abuso, es precisamente éste método el que utilizan para hacerse escuchar, ya que varios de los niños, niñas, jóvenes y amas de casa que en ellas participan, agreden a los automovilistas para impedirles el paso, algunas veces con insultos y otras con fuertes golpes en sus coches, armados con piedras también se lanzan contra los policías e incluso se han enfrentado entre ellos mismos, en medio de una lluvia de proyectiles de concreto.
Todo ocurre ante los ojos de los elementos de seguridad y tránsito, que tardan hasta 45 minutos en acudir a los llamados de los automovilistas.
Sin embargo, “lo que indignó gravemente a los policías de Nuevo León” según dijo el Secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zarazua, fue el asesinato del comandante del Grupo de Homicidios de la Policía Ministerial del estado, Ramón Jasso Rodríguez, un día después de que encabezó un operativo policial contra una manifestación.
Aseguran tener pruebas de que estos manifestantes están siendo fomentados por sectores del crimen organizado, el gobernador Natividad González Parás, ha indicado hacía el “Cartel del Golfo” y “los Zetas”, como los promotores y también “aliados” de los tapados en Nuevo León.
Consuelo Morales, titular de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, respalda la posible veracidad de las denuncias hechas por los “tapados”, sin embargo también advierte, que ”las protestas que violan los derechos de tránsito de los ciudadanos, deben ser controladas efectivamente por los elementos de seguridad”, al permitir la manifestación acordando el paso por lo menos en uno o dos carriles de las arterias viales.
Pero esto no ocurre en el estado, en donde las primeras cuatro protestas se alargaron hasta por dos horas, dejando a los automovilistas a la merced de los gritos y piedras, así como de algunos estacionamientos privados, que no desaprovecharon la moda del abuso y cobraron hasta 100 pesos por dejar a los carros pasar por sus establecimientos.
“Los grupos que han llevado a cabo estas acciones se manifiestan por la retirada del ejército de las funciones que constitucionalmente pertenecen sólo a la autoridad civil. La forma en que las han llevado a cabo, empero, es atípica de los movimientos ciudadanos neoloneses, como atípica ha sido la reacción de la autoridad, que ha permitido la mayoría de los bloqueos sin tomar cartas en el asunto” explica CADHAC en un comunicado.
Ante la falta de rapidez que los tres niveles de gobierno tienen para garantizar los derechos de todos, la activista nos lanza una advertencia a los ciudadanos, “no debemos permitir que estas acciones sirvan para limitar nuestros derechos a inconformarnos como sociedad”.
Y es que además de irregulares, CADHAC califica como “muy sospechoso” que en los operativos se utilizara a un comandante especializado en homicidios, para dirigir un operativo antimotines, situación que también recomienda que sea revisada y valorada a fondo.

Los candidatos impuestos salen al rescate

Al describir el panorama de violencia y preocupación que las protestas han despertado en el estado, no se puede dejar de lado el tema electoral, ya que las campañas que se realizan para elegir al nuevo gobernador también han tomado el tema como parte de su interés político.
Mientras que el panismo opositor representado por Fernando Elizondo Barragán, se jacta en culpar a las autoridades estatales de no aplicar la ley por no encerrar a los manifestantes, por otro lado aplaude y reconoce como “muy efectiva” la labor que realizan los elementos federales, así como los militares para enfrentar al crimen organizado.
El candidato albiazul, quien fuera impuesto por el Consejo Ejecutivo Nacional del PAN, reconoce que “se deben revisar” las 83 recomendaciones que distintos países miembros de la ONU hicieran a México, mismas que están relacionadas con el uso del ejército para enfrentar el narcotráfico, pero considera que las manifestaciones deben ser controladas única y exclusivamente por las autoridades del estado y municipio de Monterrey.
También “aconseja” a la sociedad nuevolonesa que elija entre “su libertad y seguridad” ya que el panista afirmó “mientras más libres queramos ser, debemos admitir sentirnos inseguros, mientras más seguros queramos sentirnos, debemos renunciar a ciertas libertades”.
Rodrigo Medina, el “Golden Boy” y abanderado priista, fue mucho más allá de la crítica política, y ya presentó una iniciativa para crear un nuevo delito denominado “ataques a las vías de comunicación”, que daría hasta seis años de prisión a quienes obstruyan las arterias viales, sin importarle la preocupación de las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.
La propuesta fue respaldada por toda la bancada del PRI en el Congreso Local.
Otro interesado en sacarle “provecho político” ha sido el alcalde de Monterrey Adalberto Madero, quien además de estar completamente ausente del escenario público y administrativo las últimas semanas y aún durante las protestas, ha salido ya a la luz con una propuesta para considerar como delito grave las acciones de los manifestantes.

La solución de la desesperación

Las últimas protestas ya mostraban un enfrentamiento más álgido entre manifestantes y automovilistas, “que los metan a todos al tambo”, “los niños derechito a Capullos, ¿quién les manda andar participando?”, rumoran en la ciudad los afectados, algunos políticos y hasta miembros del gremio periodístico.
Mientras elementos de tránsito y de seguridad municipal, estatal y hasta federal, observan con paciencia los hechos, los automovilistas cada vez se vuelven más impacientes y menos tolerantes con quienes atentan con robarles su tiempo, a cambio de unos pesos “provenientes del narco”.
El pasado lunes 16 de Febrero, la protesta que apenas contenía 15 manifestantes, fue enfrentada por los coches, que furiosos rugían su motor contra los “tapados” a quienes lograron traspasar varias veces. Para el martes los tapacalles volvieron por cientos y reforzados con piedras, palos, pancartas y muchas mamás con pequeños hijos por delante, para despertar la compasión.
Ese martes, se logró la captura de más de 50 personas, que serán interrogados para conseguir más información de sus líderes, a quienes por cierto, supuestamente se ha capturado desde el segundo día de protesta.
Por lo menos ocho menores fueron retirados de sus madres y puestos a disposición del DIF estatal, por negligencia en su cuidado al ponerlos en riesgo. A muy pocos les interesa el bienestar de estos menores, así como tomar en cuenta las fuertes denuncias que se han hecho a refugios infantiles como Casitas del Sur en el D.F. en donde se han desaparecido por lo menos ocho niños, o la casa hogar Caifac en Nuevo León, que fue vinculada con éstas organizaciones.
Sería bueno recordar que el mismo Aldo Fasci, reconoció como un “problema grave” el que parte de la ciudadanía esté trabajando para el bando enemigo, y que afirmó como “un compromiso” el analizar sus condiciones para evitar que se sigan vendiendo.
El funcionario estatal podría empezar por exigir mejores escuelas en la entidad, ya que las actuales aún esperan la entrega de recursos tanto de la federación así como del estado, y según la SEP por lo menos 137 planteles de Nuevo León “están en pésimas condiciones”, un diagnóstico ofrecido desde el 2007.
También podría considerar como algo grave, el que se les cierren los espacios deportivos a los jóvenes, que deben pagar más de 7 mil pesos si desean hacer uso de canchas deportivas en el Río Santa Catarina, o preocuparse porque las universidades públicas se declaren insuficientes para dar abasto a más de la mitad de la comunidad estudiantil en el estado.
Mientras que los gobiernos sigan ignorando las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, mientras que los políticos continúen la politización de cualquier tema en aras de conseguir más votos, mientras que se agoten las posibilidades para desarrollo humano de los jóvenes en Nuevo León, se continuará desgastando la paciencia y esperanza de solución de los ciudadanos, que podrían exigir remedios rápidos más no por eso eficaces.
Aprueban ley antibloqueos, pero no la aplican por ahora
Las primeras semanas de Marzo en el 2009, han sido de mucho más color electoral, las tres propuestas que “intentan erradicar el problema de los tapacalles” ya han sido discutidas y “tomadas en cuenta” para una “solución”.
El pasado 11 de Marzo le fue impido a la ciudadanía por medio de las reformas a los artículos 177 bis 1, bis 2 y bis 3, la “obstrucción a las vías públicas” por lo que señala que se dará entre seis meses y dos años de prisión a “ataque los derechos de terceros, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos”.
El peso electoral fue mucho para los legisladores locales (muchos son suplentes) que en una “sesión maratónica” aprobaron en el ya conocido fast track las reformas al código penal, para algunos diputados “pese a no tener justificación alguna” ya que se contaban con los suficientes elementos legales para sancionar y atender la problemática, sin embargo los mismos diputados reconocen la ambición electoral que había en el tema, como es el caso de la panista Norma Robles, quien aseguró que en el congreso, “se siguieron los intereses de los candidatos y no de la sociedad”.
Pero la nulidad de la eficacia de ésta ley se pudo constatar el pasado 23 de Marzo, cuando pese a que en la manifestación de los transportistas contra el DIESEL y el IETU, dos problemáticas que “dependen del gobierno federal” según el gobierno de Nuevo León, hubo bloqueo al tránsito de otros camiones de carga y sólo se permitió el paso por un carril de la carretera a Cuernavaca, el criterio de la ley no se aplicó, ya que no se detuvo a ningún chófer, pese a que impidieron el libre tránsito de muchos.

De las otras soluciones

Filiberto de la Garza, Subsecretario de Prevención social en el Estado, lo reconoce luego de presidir un evento “de prevención para las adicciones” que consiste en pláticas con alumnos del nivel secundaria y primaria para “prevenir el consumo”:
“Ahorita la situación es muy grave, porque hay un estereotipo de los jóvenes de convertirse a futuro a lo que ellos ven como héroes, lamentablemente esas gentes son líderes de pandillas, y de grupos con actividades delincuenciales, por eso nosotros tenemos que trabajar con ellos en la etapa de prevención para poder desarrollar jóvenes con una visión positiva o profesional”.
Mientras que el gobierno analiza y plática con los jóvenes, los narcotraficantes se entremeten en sus roles sociales, se convierten en sus amigos, en la figura de éxito y poder que en el estado sólo se les ofrece al 30 por ciento de los muchachos que tienen oportunidad de realizar estudios universitarios o de salir de la violencia en casa, que está a la orden del día no sólo entre los más pobres, sino también en los más poderosos y ricos, en la mayor parte de las familias de Monterrey.
Patricia Cerda, presentó en el 2007, un estudio sobre la violencia que se vive en las colonias de la zona metropolitana, en donde se arrojó que por lo menos 160 colonias tenían “altos índices de violencia” que era descargada principalmente en los menores y mujeres que habitaban las colonias.
Éste estudio advirtió que en dichos barrios, los suicidios, el pandillerismo y el consumo de drogas y alcohol están vinculados, y según la investigadora “exigía urgentemente la atención de especialistas tanto de universidades, como de las fuerzas oficiales, así como de las organizaciones civiles y todos los ámbitos de la sociedad”. A la fecha no se ha realizado nada.
Guadalupe Puente coordinadora jurídica de CADHAC, nos lo recuerda “sigue pendiente el reglamento de la Ley garantizar una vida libre de violencia a mujeres y menores”, siguen pendientes mejores sanciones para los problemas intrafamiliares, además de que hace falta una mejor capacitación a los encargados de la atención a reportes de violencia familiar, ya que su actitud conciliadora pone en alto riesgo a las mujeres, hombres y niños que la padecen”.
Alicia Leal, quien es la fundadora del primer refugio para mujeres en México, Alternativas Pacíficas, advierte que el descuido y la falta de inversión a las problemáticas de la familia son graves, ya que apenas se cuenta con el espacio para atender para atender a un mínimo porcentaje, de las mujeres que son agredidas o violentadas en sus casas.
Sigue pendiente la ciudadanización al Instituto Estatal de las Mujeres, que permitiría dar prioridad a lo realmente necesario, y que todos los institutos que se encargan de la atención al género puedan tratar de manera integral el problema más allá de sus partidos, sin embargo estos operan en cada municipio y estado con distintos programas y proyectos, a merced de que algunos alcaldes o gobernadores sólo usen el puesto para recompensar favores a amigas o seguidores, quienes a pesar de ocupar el cargo no tienen una mínima idea de su función en él, tal fue el caso de la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Santa Catarina, Blanca Estela Quiroz, quien a pregunta expresa de la reportera sobre sus nuevos programas y proyectos, respondió que “pronto comenzarían a remodelar sus nuevas oficinas”.
Y el narcotráfico, sigue aprovechando los huecos que “desinteresadamente” el gobierno les deja libres, ofrecen a los jóvenes oportunidades de desarrollo económico, sino bien con fuentes lícitas sí con métodos reales, que les permiten escapar un poco de la violencia sufrida en casa, esa que los hace anhelar “ser libres”, “no sufrir más” ó “escapar de la realidad para no sentir”.